Un conflicto por la protección de Doñana
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en la defensa del Parque Nacional de Doñana al solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que revoque la reciente Orden Ministerial del 10 de octubre de 2025. Esta orden establece un nuevo deslinde que afecta a más de 118.000 metros en las marismas, ubicadas en los municipios de Hinojos, Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla).
El requerimiento se presenta como un paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, respaldado por una sólida argumentación técnica y científica. La Junta sostiene que el nuevo deslinde incluye áreas que no cumplen con los criterios legales para ser consideradas como dominio público marítimo-terrestre, ya que no están sujetas al flujo mareal ni desempeñan funciones relevantes para la estabilidad del litoral.
Según los informes elaborados por expertos, las marismas funcionan bajo un sistema pluvio-fluvial desde hace siglos, lo cual contradice la justificación del nuevo deslinde basado en influencias mareales. La Junta destaca que esta desconexión histórica con el mar es crucial para entender la ecología local y sugiere que muchos terrenos afectados tienen un uso forestal y ganadero tradicional.
Aparte de las cuestiones técnicas, el requerimiento también critica las deficiencias procedimentales observadas durante el proceso. La Junta denuncia una falta de respuesta a sus alegaciones durante más de un año y medio, así como modificaciones sustanciales en los límites del deslinde sin consulta previa adecuada.
El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana había emitido previamente un informe desfavorable sobre este deslinde. Sin embargo, su opinión no fue considerada adecuadamente en el proceso administrativo, lo que ha generado preocupación entre los defensores del medio ambiente.
Catalina García, consejera responsable del área, ha enfatizado que esta acción no busca cuestionar la protección existente sobre Doñana. Por el contrario, pretende garantizarla mediante criterios técnicos sólidos y consensuados. Además, se ha comprometido a notificar esta situación a la Comisión Europea para asegurar una mayor transparencia y colaboración internacional.
A medida que avanza este conflicto administrativo, se espera que se propongan alternativas al actual deslinde. La Junta ha solicitado al Ministerio considerar una nueva delimitación ajustada a las realidades geomorfológicas e hidrológicas específicas del área afectada.
