Inicio de la investigación
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha comenzado una investigación de oficio debido a serias disfunciones detectadas en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que opera en Andalucía desde 1995. Esta es la primera investigación general en 30 años, impulsada por los retrasos en diagnósticos y la falta de información a las pacientes, lo que ha generado una grave alarma social.
Maeztu ha indicado que el propósito es esclarecer causas, alcance sanitario y posibles daños derivados por la falta de comunicación sobre los resultados a miles de mujeres que participan en el programa, el cual realiza anualmente cerca de 450.000 mamografías a mujeres entre 49 y 71 años.
Acorde al Defensor, al menos 2.000 mujeres con resultados dudosos o no concluyentes no conocen su situación porque no se les informó ni se les citó para un seguimiento. Esto pone en duda el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz y una respuesta sanitaria adecuada.
La investigación abarca cuatro áreas informativas que el Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS: aclarar por qué ciertos resultados no fueron comunicados, conocer la atención brindada a las pacientes afectadas, revisar los mecanismos de gestión y evaluación del programa desde 2022, y acceder a informes y planes de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales.
A raíz de esta crisis, la Fiscalía ha iniciado una investigación por posibles responsabilidades penales. Además, partidos como IU y Adelante han presentado querellas por presuntos delitos como homicidio, lesiones imprudentes y omisión del deber de asistencia sanitaria. La asociación Amama, que destapó este caso, está considerando presentar denuncias colectivas o individuales.
El Defensor enfatiza que la baja comunicación sobre resultados infringe derechos fundamentales, tal como están establecidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Autonomía del Paciente. Esto también provoca una dificultad para acceder a oportunidades asistenciales y daños evitables.
Mientras tanto, el Gobierno andaluz ha anunciado una inversión adicional de 100 millones de euros y planea contratar a 700 sanitarios, liderados por Antonio Sanz al frente de la Consejería de Salud, con el fin de manejar esta crisis tanto sanitaria como comunicativa.
La investigación busca determinar el verdadero alcance de las deficiencias encontradas, evaluar su impacto en las pacientes e implementar medidas para evitar que situaciones similares ocurran nuevamente en este u otros programas similares en Andalucía.
