Demandas de transparencia en el sector ferroviario
El Partido Popular (PP) ha intensificado su presión sobre la Comisión Europea para que realice una auditoría exhaustiva de las inversiones en infraestructura ferroviaria financiadas con fondos europeos. Esta solicitud surge a raíz de los trágicos accidentes ocurridos en Adamuz, Córdoba, y Urda, Toledo, que resultaron en la pérdida de 69 vidas.
La secretaria general del PP, Dolors Montserrat, lidera un grupo de eurodiputados que ha presentado una serie de preguntas parlamentarias dirigidas a esclarecer si las inversiones prometidas por el Gobierno español se han traducido efectivamente en mejoras operativas y sistemas de seguridad funcionales. La preocupación principal radica en la falta de claridad sobre cómo se han utilizado los fondos comunitarios y si estos han cumplido con los objetivos establecidos.
Los populares argumentan que es fundamental que las instituciones europeas verifiquen si España ha cumplido con sus compromisos relacionados con el Plan de Recuperación. En particular, solicitan información sobre el cumplimiento del hito 87 del plan, así como detalles sobre las deficiencias detectadas en los procedimientos de seguridad ferroviaria.
Además, el PP demanda que se lleven a cabo auditorías rigurosas para asegurar que los fondos europeos se han destinado correctamente. En caso de detectar irregularidades durante estas investigaciones, exigen que se asuman responsabilidades adecuadas por parte del Gobierno español.
Entre las cuestiones planteadas está el contrato adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021 por un monto significativo destinado a renovar sistemas críticos como la señalización y protección ferroviaria entre Madrid y Sevilla. A pesar del avance temporal desde su adjudicación, persisten dudas sobre si estos sistemas están operativos como se había prometido.
Por otro lado, el PP también ha señalado la existencia de 1.196 millones de euros pendientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al cierre del año 2025. Este monto representa más del 60% de los fondos asignados para este propósito. Las deficiencias en la gestión y control por parte de Adif han sido previamente advertidas por el Tribunal de Cuentas, lo cual añade otra capa a esta compleja situación.



