La izquierda estudia posibles acciones judiciales ante el caso de transfuguismo
Izquierda Unida ha anunciado que remitirá el asunto a sus servicios jurídicos para analizar la situación relacionada con un cambio de afiliación que, según la formación, ha permitido al actual alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (UPU), obtener la mayoría absoluta tras sumar un concejal procedente del Partido Popular.
IU señala como punto conflictivo el nombramiento de José Luis Contreras como cuarto teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local. Este cargo conlleva una retribución anual de 31.000 euros y amplias responsabilidades en áreas como Economía, Presidencia y coordinación de Concejalías de Barrio.
David F. Calderón, responsable de Política Institucional en IU en Huelva, afirmó públicamente que esta designación podría infringir lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL), que prohíbe que los concejales no adscritos —como Contreras tras abandonar el PP— puedan disfrutar de derechos políticos o económicos superiores a los que tenían en su grupo original.
Calderón recordó que “el pase a concejal no adscrito no puede implicar mejoras personales, políticas o económicas respecto a su situación anterior”, citando una sentencia del Tribunal Supremo (STS 1401/2020). Desde IU consideran que esta jurisprudencia refuerza la ilegalidad del nombramiento y podría derivar en responsabilidades judiciales.
El representante de IU advirtió que si se confirman estos hechos, las delegaciones de competencias y las asignaciones salariales podrían constituir un posible delito de prevaricación.
Desde IU han solicitado al Ayuntamiento de Punta Umbría el cese inmediato del concejal tránsfuga en todos sus cargos y una disculpa pública por lo que califican como un “atentado contra la ética democrática”.
Calderón concluyó señalando que casos como este afectan profundamente a la democracia, especialmente en su nivel más cercano a los ciudadanos: el ámbito municipal.
