Irregularidades señaladas en Giahsa
Giahsa, la empresa encargada de los servicios de agua y saneamiento en la provincia de Huelva, se encuentra envuelta en una controversia tras una auditoría externa que ha revelado irregularidades en sus procesos de contratación durante el año 2021. El informe destaca la falta de convocatorias públicas y deficiencias en los procedimientos administrativos, lo que ha suscitado preocupación tanto entre las instituciones como entre la opinión pública. A pesar de estas críticas, la empresa ha fortalecido sus servicios este verano, mejorando la limpieza de contenedores y asegurando la calidad del suministro incluso ante situaciones críticas, como el reciente apagón eléctrico nacional.
En respuesta a las acusaciones, el PSOE ha defendido su gestión al frente de Giahsa. Juan Antonio García, alcalde de Bonares y portavoz del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Servicios y en Giahsa, ha calificado las críticas como “injustas, infundadas y descontextualizadas”. García recuerda que durante los momentos más difíciles de la pandemia se implementaron mecanismos excepcionales para asegurar la continuidad de servicios esenciales. Asegura que “las contrataciones fueron excepcionales, proporcionales y ajustadas a derecho”, además de que se promovieron procesos públicos y transparentes para reducir la temporalidad laboral, con ofertas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y convenios con el SAE para mejorar su difusión.
El portavoz socialista también ha aclarado que el informe mencionado es un análisis parcial, encargado por la dirección anterior con el fin de optimizar procesos internos, y no indica ilegalidad alguna. “Rechazo categóricamente cualquier intento de vincular nuestra gestión con prácticas contrarias a la ley”, afirmó García, subrayando que todas las decisiones se tomaron bajo principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Su objetivo siempre fue proteger el empleo y garantizar el servicio público durante la crisis sanitaria. Finalmente, hizo un llamado a actuar con responsabilidad institucional para evitar que la gestión de un servicio esencial se convierta en “un campo de batalla política ni en una cortina de humo que perjudique a los ciudadanos”.
