Un llamado a la acción
En un contexto marcado por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico, las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, junto a María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, han reavivado el debate sobre el reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo. Este reconocimiento permitiría a los agentes acceder a beneficios significativos, como una jubilación anticipada sin penalizaciones.
Apenas un día después de que se ampliara nuevamente el plazo para presentar enmiendas a una ley que busca otorgar este estatus profesional, ambas líderes políticas expresaron su apoyo incondicional hacia las fuerzas del orden. La ley ha sido objeto de 71 prórrogas en el Congreso, lo que refleja una preocupante falta de avance legislativo en un tema tan crucial.
Díaz lamentó la reciente muerte de dos guardias civiles durante una persecución marítima contra narcolanchas frente a las costas onubenses. En sus declaraciones, enfatizó que estos agentes perdieron la vida “en acto de servicio”, subrayando así la peligrosidad inherente a su labor diaria. “No queda ninguna duda”, afirmó con firmeza.
Además, Díaz hizo hincapié en la necesidad urgente de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con más recursos para enfrentar las crecientes amenazas del narcotráfico. “Necesitan todo tipo de medios y recursos para luchar contra esas grandísimas mafias”, insistió.
Por su parte, María Jesús Montero también defendió que los agentes deben contar con “todo el reconocimiento que les permita desarrollar su tarea en condiciones seguras”. La candidata socialista destacó los esfuerzos realizados desde 2018 por parte del Gobierno central para reforzar las capacidades operativas contra el narcotráfico en regiones críticas como el Campo de Gibraltar.
El debate sobre esta ley se produce en un momento crítico, ya que un informe reciente del Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre el incremento en agresividad y actividad criminal relacionada con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito. Las rutas marítimas hacia Huelva y Portugal están bajo especial vigilancia debido al crecimiento exponencial del uso de narcolanchas.
A pesar del clamor por parte de asociaciones representativas tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, esta iniciativa sigue paralizada. El reconocimiento como profesión peligrosa no solo mejoraría las condiciones laborales sino también ofrecería coberturas e indemnizaciones más justas ante accidentes o fallecimientos durante el servicio.
