El escándalo del paseo marítimo de Matalascañas
La situación política en Almonte se torna cada vez más tensa, ya que el portavoz del partido Almonte 100×100, Miguel Ángel Jiménez, ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno municipal. Este viernes, Jiménez exigió la entrega inmediata del expediente relacionado con las obras de reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas, un documento que ha sido solicitado formalmente desde enero sin recibir respuesta alguna.
La gravedad de la situación aumenta al conocerse que el Tribunal de Instancia de La Palma del Condado ha incorporado este expediente a una macrocausa que investiga diversas irregularidades en la contratación pública. “Es inaceptable que un juzgado tenga acceso a esta información antes que los propios concejales”, afirmó Jiménez, quien subrayó que esta situación refleja una alarmante falta de transparencia por parte del equipo gobernante.
Desde el inicio de las investigaciones el pasado 1 de julio, cuando la Guardia Civil retiró documentos clave del Ayuntamiento relacionados con varios contratos municipales, se han acumulado más de diez expedientes bajo revisión judicial. Estos incluyen contratos por un valor total cercano a los 250 millones de euros, lo que ha llevado a Jiménez a cuestionar seriamente la gestión financiera del municipio.
A medida que avanza la investigación, se ha revelado que las obras del paseo marítimo no están siendo supervisadas por funcionarios municipales, sino por personal contratado directamente por la constructora encargada. Esta práctica genera aún más dudas sobre la legalidad y transparencia en los procesos administrativos locales.
En medio de este clima tenso, el equipo gubernamental está programando un Pleno para discutir el presupuesto municipal para 2026. Sin embargo, Jiménez considera que este debate es solo una estrategia para desviar la atención pública sobre las serias acusaciones y problemas legales que enfrenta actualmente el Ayuntamiento. “Mientras discutimos sobre números y cuentas, los megacontratos están bajo investigación”, advirtió.
A pesar de las resoluciones emitidas por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía —que obligan al Ayuntamiento a entregar documentación relevante— estas han sido ignoradas sistemáticamente. La falta de convocatorias para plenos ordinarios desde enero también pone en evidencia una clara intención por parte del Gobierno local para evitar cualquier tipo de control o fiscalización.
La situación actual plantea serias interrogantes sobre el futuro político y administrativo en Almonte. Con un Gobierno bajo sospecha y múltiples expedientes judiciales abiertos, los ciudadanos comienzan a cuestionar si sus representantes están realmente comprometidos con una gestión transparente y responsable. Mientras tanto, Miguel Ángel Jiménez continúa su lucha por obtener respuestas claras y exigir rendición de cuentas ante lo que considera un grave abuso del poder público.
