Un veredicto polémico
En un caso que ha capturado la atención de la opinión pública, el jurado popular de El Torrejón ha declarado culpable a M.S., conocido como ‘El Baba’, por el asesinato de su cuñado R.M. durante un tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024. Sin embargo, lo sorprendente del fallo es que se le exime de responsabilidad penal al considerar que actuó en legítima defensa, lo que significa que no cumplirá pena por este delito.
A pesar de esta absolución en el cargo más grave, ‘El Baba’ no salió completamente ileso del juicio. El jurado también lo encontró culpable de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, delitos por los cuales enfrentará una condena a prisión. En contraste, su cuñado L.M., quien inició el tiroteo, fue declarado culpable de dos delitos similares y podría enfrentar hasta 14 años tras las rejas.
Los hechos se desarrollaron cuando R.M. llegó a la vivienda de ‘El Baba’ tras un altercado previo donde L.M. había sido herido. Según los informes forenses, R.M. recibió un disparo mortal que le causó la muerte casi instantáneamente debido a un shock hipobolémico provocado por una herida en el corazón.
La médico forense que realizó la autopsia corroboró que no había signos de forcejeo o defensa por parte de R.M., sugiriendo así que fue atacado sin previo aviso mientras estaba en posición vulnerable.
‘El Baba’ alegó haber disparado porque temía por su vida al ver a R.M. acercarse con un cuchillo y gritando amenazas. Este argumento fue clave para justificar su acción ante el jurado, aunque muchos cuestionan si realmente existía una amenaza inminente.
Rafael Villegas, abogado defensor del otro implicado L.M., ha expresado su descontento con el veredicto, señalando que es injusto que su cliente enfrente una pena mayor a pesar de ser considerado menos culpable en los hechos ocurridos. La fiscalía había solicitado penas severas para ambos acusados; 20 años para ‘El Baba’ y 15 años para L.M., pero las decisiones del jurado han dejado abiertas las puertas a futuras apelaciones.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la legítima defensa, especialmente en contextos donde las relaciones familiares se ven afectadas por conflictos violentos. La percepción pública sobre este tipo de decisiones judiciales podría influir significativamente en futuras reformas legislativas relacionadas con la violencia armada y la defensa personal.
