Descontento en Almonte por la gestión del litoral
El Ayuntamiento de Almonte ha expresado su profunda preocupación por las recientes decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que han generado una situación de caos y contradicción en la costa de Matalascañas. Tras los severos temporales que han devastado el paseo marítimo y erosionado gravemente la zona de Caño Guerrero, los responsables municipales consideran incomprensible que se proponga desmantelar infraestructuras mientras se planea construir una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en un área tan vulnerable.
La administración local ha denunciado que es incoherente que el mismo ministerio declare inviable un paseo público en una franja erosionada, pero al mismo tiempo considere seguro edificar sobre esa misma área. Esta decisión no solo afecta a los residentes, sino también a los turistas que visitan esta popular localidad costera. Según el Ayuntamiento, esta planificación caótica pone de manifiesto una falta total de visión y coherencia por parte del MITECO.
Desde hace siete años, el Ayuntamiento ha estado buscando alternativas para ubicar este proyecto esencial. Sin embargo, tras múltiples intentos fallidos y un gasto significativo —cerca de medio millón de euros—, se encuentran nuevamente en el punto inicial. La administración local critica duramente esta incapacidad para gestionar adecuadamente las infraestructuras necesarias para proteger tanto al entorno natural como a la comunidad.
Ante lo que consideran un abandono por parte del Gobierno central, desde Almonte proponen dos soluciones concretas: modificar el convenio actual para que sea la Junta de Andalucía quien asuma la construcción de la depuradora o ceder los créditos necesarios al propio Ayuntamiento. De esta manera, aseguran estar dispuestos a ejecutar la obra en menos de dos años.
Aún más alarmante es que el modelo propuesto por el MITECO no contempla financiación suficiente para un emisario submarino necesario, cuyo coste adicional asciende a unos 15 millones de euros. Esta omisión plantea serias dudas sobre la viabilidad del proyecto y sus implicaciones ambientales.
Finalmente, desde Almonte hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para adoptar medidas efectivas que garanticen tanto la salud pública como la protección del Parque Nacional de Doñana. La comunidad exige rigor e inversiones reales que respondan a las necesidades locales y no más promesas vacías.
