Recurso legal contra la ampliación de regadíos en Aroche
Ecologistas en Acción ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para impugnar la autorización otorgada a la empresa SENABRA, S.A. para ampliar las áreas destinadas al cultivo intensivo de frutos rojos en la finca La Belleza, ubicada en el municipio de Aroche.
En octubre de 2020, la Junta de Andalucía aprobó el uso de aguas públicas para irrigar 75,54 hectáreas en dos fases, permitiendo extraer hasta 456.250 m³ anuales del acuífero Aroche-Jabugo y del río Chanza. Posteriormente, en noviembre del mismo año, se solicitó una extensión adicional de 29,54 hectáreas (Fase III), lo que elevaría el consumo total a 600.000 m³ anuales. La autorización ambiental para esta tercera fase fue concedida en enero de 2022, pese a las objeciones presentadas por los ecologistas.
La organización ecologista denuncia deficiencias graves en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la propia promotora. Entre las irregularidades detectadas están la falta de estudios detallados sobre los efectos del bombeo masivo de agua y la omisión respecto a los productos químicos utilizados, sus emisiones y posibles contaminaciones del acuífero y río Chanza, fuentes que abastecen a comunidades cercanas como Aroche y Las Cefiñas.
Además, se señala que la empresa ocupó ilegalmente 65 metros de la Cañada Real Soriana, dejando solo 10 metros libres y poniendo en riesgo un corredor ecológico vital para especies silvestres.
La finca limita con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 y declarado Reserva de la Biosfera. Aunque las actividades se desarrollan fuera del límite oficial del parque, los ecologistas advierten sobre posibles impactos negativos en hábitats y especies protegidas como el jaramugo, un pez extremadamente amenazado cuya supervivencia podría verse comprometida por estas explotaciones hídricas.
Por ello, Ecologistas en Acción exige cancelar la autorización para la Fase III y solicita una evaluación ambiental independiente que asegure la protección ecológica y cumpla con toda normativa vigente.
