Un cierre inesperado
El cierre repentino del chiringuito Casa Diego en Punta Umbría ha revelado un proceso judicial que involucra a la cúpula política del municipio. Este restaurante, ubicado en la zona de La Canaleta, operaba supuestamente sin autorización en suelo público y acumulaba numerosas quejas vecinales por ruido y molestias durante años.
El juez del Juzgado de Instrucción nº 4 de Huelva ha decidido citar a declarar como investigados al actual alcalde, José Carlos Hernández Cansino, y a la exalcaldesa Aurora Águedo. Ambos están siendo señalados por su posible implicación en un delito de prevaricación administrativa, ya que se les acusa de haber permitido una actividad ilegal conocida por las autoridades sin tomar medidas al respecto.
Además, el auto judicial también menciona al dueño del establecimiento, quien podría enfrentar un posible delito contra el medio ambiente debido a los niveles de ruido que habrían perjudicado a los residentes cercanos.
El documento judicial describe una situación “sorprendente” donde un negocio funcionó durante años sin concesión ni licencia, con el conocimiento tanto de la Policía Local como de los responsables municipales. Las consecuencias legales podrían incluir inhabilitación para los cargos públicos y prisión para el propietario del local.
Por su parte, Casa Diego anunció la suspensión de su actividad alegando motivos técnicos justo después de que se conociera la resolución del juez.
