El Gobierno responde a la crisis de incendios con una nueva prestación
En un movimiento sin precedentes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que establece la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema, destinada a aquellos trabajadores que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad debido a los devastadores incendios forestales que han azotado varias regiones del país. Esta medida, que entra en vigor el 23 de julio de 2026, busca ofrecer un alivio inmediato a las personas afectadas y se aplicará especialmente en áreas como la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo.
La prestación está diseñada para aquellos que no puedan acceder a sus hogares debido a evacuaciones o restricciones impuestas por las autoridades. También incluye a quienes necesiten realizar tareas esenciales como limpieza, traslado y reacondicionamiento de sus viviendas, así como aquellos que deban atender responsabilidades familiares derivadas del cierre de centros educativos o servicios relacionados.
Una característica notable de esta ayuda es su naturaleza contributiva, lo que significa que no requerirá un periodo mínimo de cotización para acceder a ella. Los beneficiarios podrán recibir hasta el 70% de la base reguladora, durante un máximo de cuatro meses. Además, esta prestación no consumirá las cotizaciones acumuladas para futuras ayudas por desempleo.
El decreto también refuerza los derechos laborales al establecer que cualquier represalia empresarial contra los trabajadores que ejerzan estos derechos será considerada nula. Asimismo, amplía el permiso retribuido por fallecimiento relacionado con los incendios forestales, permitiendo hasta cinco días hábiles tanto para empleados del sector privado como público.
No solo los trabajadores del sector privado se beneficiarán; las medidas también se aplicarán al personal al servicio de las Administraciones Públicas. Esto incluye justificaciones por ausencias relacionadas con fuerza mayor y la posibilidad de adaptar jornadas laborales según necesidades específicas.
A pesar de ser una respuesta temporal ante una situación crítica, estas medidas seguirán vigentes mientras persista la emergencia declarada. Esto asegura que incluso si los incendios son controlados o extinguidos, los derechos y apoyos establecidos permanecerán activos hasta que se normalice completamente la situación.
