El veredicto que marca un precedente
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena de dos años de prisión para Toño Sanchís, exmanager de la popular colaboradora televisiva Belén Esteban. Esta decisión judicial pone fin a un largo proceso en el que se ha determinado que Sanchís se apropió indebidamente de más de 475.000 euros, una cantidad que representa una parte significativa del patrimonio de la famosa figura del entretenimiento español.
La historia comenzó el 13 de mayo de 2009, cuando Belén Esteban firmó un contrato con la Agencia de Servicios Lorant, S.L., representada por Sanchís, quien era socio al 50% de dicha entidad. Este acuerdo otorgaba a la agencia derechos exclusivos sobre las gestiones artísticas y comerciales de Esteban, quien confiaba en su representante para manejar sus ingresos y pagos.
A lo largo del tiempo que duró el contrato, hasta su finalización en 2015, se descubrió que Sanchís había manipulado las facturas emitidas por Bem Imaging, S.L., empresa vinculada a Esteban. En lugar de aplicar la comisión acordada del 20%, el exmanager incrementó este porcentaje, apropiándose así de un total superior a los 362.248 euros más IVA. Este desvío fue clave para que Belén Esteban decidiera llevarlo ante los tribunales.
A pesar del recurso presentado por Sanchís contra la sentencia inicial dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, el TSJM desestimó su apelación. Además, se le impuso una multa adicional y la obligación de indemnizar a Esteban con una cantidad aún no determinada en su totalidad. La resolución judicial también destacó que, tras finalizar el contrato y ante la negativa del acusado a rendir cuentas, Belén Esteban y sus empresas interpusieron una demanda reclamando las cantidades adeudadas.
A pesar del fallo favorable para Belén Esteban, solo logró recuperar parcialmente lo perdido: aproximadamente 49.318 euros en efectivo, además de otros 375.000 euros mediante la adjudicación de una vivienda gravada con hipoteca. Este desenlace plantea interrogantes sobre cómo proteger mejor a artistas y figuras públicas frente a posibles abusos por parte de sus representantes.
