Incertidumbre en el horizonte pesquero
La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), que representa a la flota marisquera con sede en Huelva, ha encendido las alarmas ante la inminente expiración del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania, programado para noviembre. La organización ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que implemente medidas urgentes para mitigar el impacto negativo que podría derivarse de una eventual paralización del sector.
Anamar ha expresado su preocupación por las complejas negociaciones que se están llevando a cabo con el gobierno mauritano. Según la asociación, las demandas económicas planteadas por Mauritania son significativamente más altas que en acuerdos anteriores, lo que podría dificultar la renovación del convenio. «Los desacuerdos son muy grandes», han señalado desde Anamar, enfatizando la necesidad de actuar rápidamente.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, también ha hecho eco del llamado a la acción. En un comunicado reciente, instó al Gobierno central a desplegar toda su capacidad diplomática para asegurar un nuevo pacto antes de que expire el actual protocolo. Además, solicitó medidas transitorias para proteger a los pescadores si no se alcanza un acuerdo a tiempo.
La situación es crítica: Anamar advierte que si no se logra un nuevo acuerdo pronto, los buques podrían quedar paralizados durante meses debido a trámites burocráticos. Esto podría extenderse hasta febrero o marzo del próximo año. La asociación también ha propuesto abrir el caladero de Guinea-Bisáu como alternativa; sin embargo, reconocen que este espacio es insuficiente para albergar toda la flota actualmente activa en Mauritania.
Los armadores enfrentan ya una presión financiera considerable. Los gastos operativos anuales por cada buque superan fácilmente el millón de euros. A esto se suman costos adicionales como licencias y tasas portuarias—que pueden alcanzar hasta 450 euros por tonelada capturada—y los altos precios del combustible y transporte terrestre. Cada camión utilizado para llevar las capturas a la Península puede costar alrededor de 7.000 euros por descarga.
A medida que se acerca la fecha límite para renovar el acuerdo pesquero con Mauritania, tanto Anamar como los pescadores locales esperan respuestas rápidas y efectivas del Gobierno español para evitar una crisis mayor en el sector marisquero.
