La UCO revela nuevos hallazgos en la investigación del caso Koldo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado un giro inesperado a la investigación del caso Koldo, al incautar documentación que vincula a Koldo García con contratos por un total de 343 millones de euros, adjudicados a la constructora sevillana Azvi. Este descubrimiento se produce en un contexto donde las irregularidades en la contratación pública están bajo el escrutinio judicial.
Entre los documentos encontrados se incluyen fotografías, notas manuscritas y capturas de pantallas relacionadas con los contratos adjudicados por Adif. La información obtenida ha sido comparada con los expedientes oficiales, lo que ha permitido situar estas adjudicaciones dentro del marco de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades en obras públicas.
Los contratos investigados abarcan proyectos significativos, como la ampliación de la estación de Madrid-Chamartín, así como trabajos para sustituir traviesas ferroviarias en Sevilla. Estos proyectos no solo son cruciales para el desarrollo infraestructural del país, sino que también representan una parte importante del presupuesto público.
El 5 de noviembre marcó un hito en esta investigación, cuando seis personas fueron detenidas, entre ellas el empresario Cristian Corvillo, y Andrea de la Torre, pareja del exministro José Luis Ábalos. Durante esta operación, se solicitó documentación tanto a Adif como al Grupo Azvi, intensificando así las sospechas sobre prácticas corruptas.
A pesar del escándalo, Azvi ha declarado estar colaborando plenamente con las autoridades. La empresa sostiene que podrá demostrar que sus operaciones han sido completamente legales. Sin embargo, debido al secreto que rodea las diligencias judiciales actuales, no pueden ofrecer más detalles sobre su defensa.
No obstante, este escándalo tiene repercusiones locales significativas. El Grupo Azvi opera en Almonte a través de su filial Azsuma, encargándose del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. Aunque estos servicios no están directamente relacionados con las irregularidades investigadas, su aparición en este contexto ha suscitado inquietud entre los ciudadanos sobre la gestión pública local.
