La tensión se intensifica en Hinojos
La localidad de Hinojos se encuentra en el centro de una creciente polémica tras las acusaciones del PSOE hacia la alcaldesa, Joaquina del Valle, por la implementación de una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) que consideran «injusta». Los socialistas han manifestado su apoyo incondicional a los trabajadores municipales, quienes se sienten humillados y despojados de sus derechos laborales.
En un pleno extraordinario celebrado recientemente, el equipo de Gobierno del Partido Popular (PP) desestimó 15 recursos interpuestos contra la VPT, lo que ha generado un clima de indignación entre los empleados afectados. El PSOE ha subrayado que su respaldo no solo abarca a estos 13 trabajadores, sino también a aquellos que no han presentado recurso o no han expresado públicamente su desacuerdo.
El Grupo Municipal Socialista ha criticado abiertamente el comportamiento de Joaquina del Valle, acusándola de intentar desacreditar y humillar tanto a los empleados que han recurrido como al sindicato CCOO y al propio partido. «Es un comportamiento impropio para quien dirige un Ayuntamiento», afirmaron desde el PSOE.
A pesar de las declaraciones realizadas por la alcaldesa, quienes apoyan a los trabajadores aseguran que no están pidiendo más dinero, sino simplemente una valoración justa que no favorezca a unos pocos. Los socialistas han recordado que muchos empleados veteranos nunca habían tenido problemas con anteriores administraciones, cuestionando así si el verdadero problema radica en la gestión actual.
Además, el PSOE ha denunciado lo que consideran falta de igualdad en el acceso a información y tiempo para estudiar los recursos. Mientras el PP tuvo dos meses para revisarlos, ellos solo contaron con dos días. Esta disparidad ha llevado a cuestionar las intenciones detrás del manejo administrativo actual.
A medida que se intensifican las tensiones, los socialistas instan a Joaquina del Valle a sentarse con los trabajadores para buscar soluciones consensuadas en lugar de forzarlos hacia acciones legales costosas e innecesarias. La situación podría desembocar en hasta quince juicios si no se logra un entendimiento mutuo.
A medida que avanza esta crisis laboral, surgen preguntas sobre qué es lo que realmente teme la alcaldesa al permitir que los trabajadores expresen sus preocupaciones públicamente. La falta de intervención directa durante el pleno extraordinario deja entrever una posible resistencia al diálogo abierto con aquellos afectados por estas decisiones administrativas.
