Un legado financiero problemático
El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso Valdés, ha hecho un llamado a la comunidad para abordar lo que él denomina «El caso Garranchal», una situación que considera una herencia problemática del anterior gobierno socialista. En un vídeo difundido a través de redes sociales, Barroso expone las consecuencias económicas que enfrentan los ciudadanos debido a decisiones tomadas hace más de dos décadas.
Según el primer edil, los habitantes de Cartaya se ven obligados a asumir una carga financiera considerable como resultado de sentencias judiciales desfavorables contra el Ayuntamiento. Estas sentencias, según Barroso, son consecuencia directa de un plan urbanístico aprobado en 2005 por el PSOE, que generó ingresos significativos pero cuya gestión y destino permanecen en la oscuridad.
Barroso cuestiona abiertamente la falta de transparencia respecto al manejo de esos fondos: «¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo controla? ¿Por qué nadie da explicaciones?». La incertidumbre se agrava con la reciente sentencia emitida en septiembre de 2023, que obliga al Ayuntamiento a pagar 30.000 euros mensuales hasta saldar una deuda total de 2.584.176,20 euros.
A esto se suma otra sentencia pendiente, con fecha estimada para julio de 2026, que podría añadir 3.869.264,29 euros más a las obligaciones financieras del municipio. Esta situación ha llevado al alcalde a expresar su frustración: «Me siento enfadado y cabreado por tener que sufrir un endeudamiento por culpa del partido socialista».
Barroso concluye su mensaje instando a los vecinos a reflexionar sobre las decisiones políticas pasadas y su impacto presente. Con un claro tono desafiante hacia el PSOE, se pregunta: «¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando al PSOE?». Este clamor resuena entre muchos cartayeros preocupados por el futuro económico del municipio.
