La controversia por los menores no acompañados en Ceuta
La situación de los menores migrantes no acompañados en Ceuta ha desatado una fuerte reacción por parte del vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira. En un reciente comunicado, Gavira criticó al Gobierno central por su negativa a aplicar un acuerdo con Marruecos que facilitaría el regreso de estos jóvenes a sus familias. «El interés del menor no es ser separado de su familia y repartido por España», afirmó en su cuenta oficial de la red social ‘X’.
Gavira subrayó que existe un acuerdo firmado entre España y Marruecos que busca garantizar el retorno asistido de los menores a sus hogares. Sin embargo, según él, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se niega a cumplirlo. «¿Qué pretende Sánchez impidiendo que estos niños vuelvan con sus padres?», cuestionó el vicepresidente andaluz, quien también instó a la administración central a reconsiderar su postura.
En línea con esta crítica, Gavira anunció que Andalucía se opondrá firmemente al reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno. Esta postura es coherente con la alianza entre el Partido Popular y Vox en la Junta, donde se ha acordado rechazar cualquier mecanismo que implique la llegada de más inmigrantes ilegales al territorio andaluz.
Se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales.
A raíz de esta situación, Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso exigiendo el retorno inmediato a Marruecos de todos los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. La propuesta incluye una solicitud para paralizar cualquier traslado hacia la Península.
El documento presentado por Vox recuerda un acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos sobre cooperación para prevenir la emigración ilegal. Este acuerdo establece claramente que debe garantizarse «el retorno asistido» de los menores al seno familiar o instituciones adecuadas en su país. La insistencia del partido político refleja una estrategia clara para abordar lo que consideran una crisis humanitaria mal gestionada.
