El Ayuntamiento responde a las acusaciones
El Ayuntamiento de Almonte ha emitido un comunicado oficial para aclarar las inquietudes planteadas por la oposición respecto a la reciente Ordenanza Municipal que regula el mantenimiento del pavimento asfáltico en la zona ORA de Matalascañas. Según el Consistorio, esta normativa tiene como objetivo principal proteger las inversiones públicas realizadas en el asfaltado y asegurar su conservación a largo plazo.
La administración local ha explicado que la ordenanza surge como respuesta a la necesidad de evitar intervenciones inadecuadas en el pavimento, que han sido una constante en el pasado. Estas acciones, realizadas con materiales no apropiados, han llevado al deterioro prematuro del firme, lo que implica un aumento en los costos de mantenimiento financiados por fondos públicos.
A pesar de las acusaciones sobre posibles beneficios para empresas privadas, el Ayuntamiento enfatiza que su intención es garantizar que cualquier trabajo futuro —ya sea realizado por empresas suministradoras o comunidades de propietarios— cumpla con los estándares técnicos necesarios para mantener la calidad del asfaltado. La normativa no busca favorecer intereses particulares, sino proteger el patrimonio público.
Uno de los puntos más debatidos ha sido el rol de la empresa concesionaria encargada del mantenimiento del pavimento. Desde el Ayuntamiento se asegura que no se han transferido competencias municipales y que todas las decisiones siguen siendo tomadas por los técnicos locales. Aunque se requiere un informe técnico por parte de la concesionaria, este no es vinculante; es decir, el Ayuntamiento tiene plena libertad para actuar según lo considere necesario.
El Consistorio también ha abordado las preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses. Aseguran que la empresa concesionaria tiene un interés legítimo en garantizar que las reposiciones se realicen correctamente, ya que cualquier error podría resultar en reparaciones costosas posteriormente. Sin embargo, subrayan que siempre será la administración local quien tenga la última palabra.
La nueva ordenanza incluye procedimientos administrativos con garantías claras: plazos definidos para tramitación, informes técnicos motivados e inspecciones finales obligatorias. Además, se habilitan canales para presentar alegaciones y recursos. El Ayuntamiento invita tanto a los vecinos como a los miembros de la oposición a consultar el texto completo durante el periodo establecido para información pública y participar activamente en este proceso.
