La controversia sobre las retribuciones del concejal José Luis Contreras
En un reciente comunicado, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha abordado la situación del concejal José Luis Contreras Corrales, quien fue expulsado del Partido Popular (PP). Según un informe elaborado por el secretario municipal, no hay base jurídica para exigir la devolución de las retribuciones que Contreras recibió tras su salida del partido.
El documento, que será presentado en el próximo Pleno ordinario, establece que la expulsión de Contreras lo convierte en un concejal no adscrito, pero no tiene efectos retroactivos sobre los pagos realizados anteriormente. Las retribuciones percibidas entre mayo de 2025 y febrero de 2026 se consideran legítimas, ya que corresponden a responsabilidades públicas asumidas bajo un acuerdo plenario vigente desde mayo de 2025.
El alcalde también reveló que se ha enviado una respuesta formal al PP provincial y a su portavoz local. En esta comunicación se reafirma que la expulsión del partido no afecta a los derechos adquiridos por el concejal antes de su salida. Además, se menciona que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP reconoció la legalidad del decreto municipal relacionado con los nombramientos.
Cansino enfatizó que el análisis realizado por el Ayuntamiento está respaldado por la doctrina consolidada del Tribunal Supremo. Esta normativa busca evitar situaciones en las que un concejal pueda beneficiarse económicamente tras convertirse en no adscrito. En este caso particular, se concluye que José Luis Contreras mantuvo sus derechos previos a su expulsión y actualmente no recibe remuneración alguna debido a su jubilación.
El primer edil subrayó que todas las decisiones tomadas por el Ayuntamiento están alineadas con los informes legales pertinentes y con un estricto respeto hacia los funcionarios públicos. “La Corporación debe actuar conforme a criterios jurídicos claros”, afirmó Cansino, insistiendo en que el Pleno solo tomará conocimiento de una situación jurídica ya establecida por ley.
