Inicio de la investigación
El Ayuntamiento de Almonte ha comenzado un expediente informativo para determinar si la Asociación de Propietarios de Matalascañas ha violado las condiciones del convenio que regula el uso del local municipal ubicado en el Sector Ánade Real, conocido como la antigua biblioteca.
Esta acción se lleva a cabo tras recibir una denuncia formal que alerta sobre la supuesta realización de clases de inglés a menores durante el curso escolar, con un costo mensual de 60 euros por alumno. Si se confirma esta práctica, implicaría un uso comercial no autorizado del espacio, lo cual contraviene lo estipulado en el acuerdo de cesión.
El convenio, firmado en 2017, establece que el local se cede sin costo alguno a la asociación exclusivamente para actividades propias y sin fines lucrativos. Además, prohíbe expresamente cualquier tipo de subarriendo o utilización comercial. La única obligación económica que tiene la asociación es cubrir los gastos del consumo eléctrico del inmueble.
El Consistorio ha enfatizado que esta cesión fue realizada como una muestra de confianza institucional para promover la participación vecinal en iniciativas sociales, culturales y turísticas, y no para llevar a cabo actividades privadas con ánimo de lucro.
El expediente abierto busca aclarar:
- Quién está gestionando las clases presuntamente ofrecidas.
- Si hay algún contrato con profesionales o empresas externas.
- Si la actividad ha sido oficialmente declarada y cuenta con seguro de responsabilidad civil.
- A dónde van destinados los ingresos generados.
Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de asegurar el correcto uso del patrimonio público, especialmente en actividades que involucran a menores y se llevan a cabo sin conocimiento ni autorización municipal. Se recuerda que todos los espacios cedidos deben cumplir con principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
En caso de confirmarse alguna violación al convenio, el gobierno local ha afirmado que tomará las medidas necesarias para restablecer la legalidad y garantizar que los recursos públicos no sean utilizados con fines particulares ni fuera del marco establecido.
